La insoportable levedad del IPREM

José Antonio Pérez

El Gobierno, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 aprobada en el Congreso de los Diputados ha decidido actualizar la cuantía del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) con un incremento del 2% equivalente al objetivo de inflación para 2009 y no con la evolución del IPC al mes de noviembre, 2,4%, como reclamaban los sindicatos UGT y CC OO.

Según indica UGT en un comunicado en el que protesta por la escasa subida del SMI: “El sindicato tampoco comparte la decisión de aumentar el 2% el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), cuando ambos sindicatos habían solicitado un aumento del 2,4%, correspondiente a la evolución de la inflación de noviembre”.

Hablando en plata es una expresión que significa “hablando claro”, aunque parece un contrasentido al referirse a la irrisoria cantidad de 1,66 euros al mes que es la que le habría parecido adecuada a los sindicatos mayoritarios. A tenor de lo manifestado por éstos, sería más propio decir que hablan en calderilla a la hora de cifrar sus reivindicaciones del subsidio por desempleo (413 euros mensuales en 2008) que pasará a ser de 421,26 euros, en lugar de los 422,91 euros que querían los sindicatos. Esas cuatro perras de diferencia poco aumentarán la capacidad adquisitiva del subsidio, único ingreso con el que habrán de sobrevivir los desempleados de larga duración una vez que agoten el tiempo de percepción del seguro contributivo.

Por si usted no sabe, y nunca se atrevió a preguntar, qué es el IPREM, aclaremos que esas siglas de la jerigonza administrativa tienen que ver con la decisión del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero de emprender subidas progresivas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarlo en los 600 euros mensuales que alcanzó en 2008. Cifra que, sin ser como para tirar cohetes, elevaba algo el bajísimo nivel en que se hallaba en aquel momento. El Real Decreto-Ley 3/2004, que ordenó la subida del SMI, incluyó una cláusula desvinculando del SMI diversas prestaciones sociales hasta entonces referenciadas a este indicador, creando una base distinta, al que la jerigonza administrativa denominó Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), cuya cuantía es menor que el SMI.

Una de las prestaciones afectadas por esa reforma fue el subsidio por desempleo, prestación que constituye la última red de protección social a la que pueden acceder algunos desempleados de larga duración que agotaron el derecho a percibir la prestación contributiva. No es una prestación de tipo asistencial en sentido estricto ya que, entre los requisitos para obtenerla, se exige haber cotizado al sistema.

Hasta el año 2003, conforme al Estatuto de los Trabajadores, este subsidio se hallaba establecido en el 75% del SMI. Sin embargo, al desvincularse del mismo, quedó fijado en el 80% del IPREM. De manera que cuando el salario mínimo alcanzó el modesto nivel de 600 euros, a diciembre de 2008, el subsidio era de 413 euros. Con el agravante de que este subsidio se percibe en 12 pagas, no en 14 como el SMI.

Queda para los investigadores de la historia de la protección social averiguar qué extraña paranoia miserabilista invadió la mente de los redactores de ese decreto creador del IPREM. Pues mientras que, por un lado, se desvincula el subsidio del SMI, por otro lado, se estipula que, entre las severas condiciones impuestas al perceptor, una de ellas será la de no obtener por otras fuentes ingresos superiores al 75% del SMI, excluidas las pagas extras. Es decir, se paga en función del IPREM y, sin embargo, se condiciona en función del SMI. Algo falla en esa lógica, seguramente debido a la tremenda disonancia cognitiva a la que debieron verse sometidos sus redactores al meterse en camisa de once varas para precarizar una prestación que ya era paupérrima

Y es que, aunque resulte sorprendente, fue la cúpula de uno de los principales sindicatos “de clase” del país la que se opuso a que los subsidios por desempleo se beneficiaran de la subida del SMI iniciada por el Gobierno a partir de 2004. En el curso de una reunión mantenida en Moncloa con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, el entonces secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, pidió esa desvinculación del subsidio por desempleo de las subidas futuras del SMI. Según el secretario de CCOO, mantener la indización de los subsidios por desempleo al SMI puede elevar excesivamente el coste de la protección. (“Fidalgo pide a Zapatero que no suba el SMI del desempleo” Cinco Días, 21‑05‑2004).

UGT no defendió esa posición, pero tampoco se opuso a ella, de manera que la objeción tomó cuerpo en el decreto. Esa frivolidad del señor Fidalgo en su asesoría al Gobierno le está costando muy cara a millares de personas, especialmente a los desempleados de larga duración, muchos de ellos situados en edades que rebasan la cincuentena y, por tanto, en situación de difícil empleabilidad. Han sido condenados a vivir por debajo del umbral de pobreza para siempre. Pues cuando les llegue el momento de cobrar pensión, ésta también se calculará tomando como base el SMI. Es decir, que serán pobres ahora y en la hora de su jubilación. Amén.