En esta exposición, muy brevemente y de forma muy general, intentaremos caracterizar el régimen económico-social (y político) chino. Es un avance de un análisis más pormenorizado sobre la realidad del “gigante asiático” que estamos elaborando. Lo publicamos ante la “actualidad” de los debates sobre China (“actualidad” debida al Congreso del PCCh).
Según las autoridades (y el PCCh) China es un sistema socialista o comunista. Pero la realidad es bien distinta, y hace que sólo podamos definir a China como un régimen de Capitalismo de Estado (o monopolístico de Estado), que se halla en transición a otro “liberal”, proceso en el que las recientes admisiones legales de la propiedad privada son un jalón decisivo.
El poder político absoluto lo ostenta el PCCh, que controla de forma absoluta la vida política del país:
- Copa por completo las instituciones y organismos
- Ese control tiene una sanción constitucional, puesto que la Constitución consagra a la “vanguardia”: los elementos más conscientes se organizan en el PC. Se arrogan el derecho a dirigir las instituciones y la vida política, económica, social y cultural del país.
- El poder del PC se sustenta también (se ve reforzado) en el uso sistemático y arbitrario de la represión, a dos niveles: Ideológica (control y autocontrol social, mass media, enseñanza,…). Y policial-militar (y judicial), como quedó claro en los famosos sucesos de Tiananmén, lo que se repite ante toda manifestación de descontento
Pero quizás lo más importante es que ese poder político posibilita (y se ve reforzado a un tiempo) el mantenimiento por la misma nomenclatura del poder económico, en dos sentidos:
- Dirección económica, a través de la planificación y de la administración de las empresas.
- Control de los recursos (naturales, humanos y de capital)
Y ese poder económico-político confiere a su vez el poder social, que se evidencia en primer término en los privilegios y las condiciones de vida de los dirigentes. Estos conformarían lo que algunos autores han denominado una “casta” burocrática. Pero en realidad debemos considerarlos una clase social antagónica a la de los productores directos (el proletariado urbano y rural). Esto es así porque las relaciones sociales de producción que se establecen entre los “burócratas” y los productores directos son capitalistas, puesto que, a través de unos mecanismos concretos (en este caso el poder político, el Estado), el aparato del PCCh controla los medios de producción (el capital), los “posee” colectivamente para un proceso orientado a la propia acumulación de capital. Es decir, el capital domina sobre el trabajo. Esta situación conlleva necesariamente:
- La explotación de la mano de obra, de los productores directos. El uso intensivo del factor trabajo (la sobreexplotación) es determinante en las actividades económicas chinas. Eso es lo que explica sobre todo el afán por invertir allí de las multinacionales y las potencias occidentales. Se enfrentan así las carencias de capital (que además es más caro).
- La alienación económica, pues los productores no controlan el proceso productivo que realizan ni lo que resulta de él (la producción). Nada más lejos de la socialización de los medios de producción que el sistema chino.
- La imposibilidad de “presionar” (reivindicar) sobre la parte del producto que se les asigna como salario (negación del derecho de huelga)
- La imposibilidad de organización sindical autónoma.
- Unas condiciones laborales terribles (horarios, salud laboral, salarios,…)
Todo esto explica las inversiones de las multinacionales, que se están reflejando en una verdadera “inundación” del mercado mundial de productos “made in China” (y en cierres y “deslocalizaciones” de empresas en el “primer mundo”). Esas inversiones siguen un modelo que no se aparta demasiado de los mecanismos imperialistas de antaño: un acuerdo que beneficia a dos élites (en este caso la dirigencia china y la de las multinacionales), que aportan al proceso productivo factores complementarios. En este caso unos ponen la mano de obra barata, disciplinada y reprimida; y los otros los recursos de capital e intercesión ante los gobiernos occidentales para abrir mercados (como ponen de manifiesto los acuerdos de 2005 con la U.E.).
La propiedad privada recientemente aprobada no es sino una sanción legal del poder adquirido por la clase capitalista burocrática, permitiendo:
- Mayor libertad en el uso y disfrute de lo que han arrebatado al proletariado utilizando su preeminencia política.
- La heredatibilidad de la situación (derecho de herencia)
- La homologación al resto de la oligarquía capitalista mundial (neoliberal), con la que comparten intereses de clase, frente a la clase trabajadora. Se conforma pues una alianza para afianzar la explotación en China, ante la cual las exigencias de respeto de los Derechos Humanos pasan a un segundo plano.
A nivel de distribución de la riqueza (medios de circulación) la prueba palpable es su desigual distribución. Evidentemente, el grupo más rico está formado básicamente por los cuadros del PCCh (partido en el que, sin ningún tipo de problemas, se inscriben los nuevos empresarios). A nivel de la producción, es el control de los medios, de las decisiones, y del proceso de acumulación, la evidencia de que estamos ante un sistema capitalista (de Estado, como lo fueron los regímenes del bloque soviético).
La tendencia más previsible es a un aumento de las desigualdades y de la exclusión social, por más que se defina oficialmente como modernización y aperturismo. Las inversiones (y las multinacionales que las hacen) se extenderán. Y el capitalismo chino se “homologará” al resto.
Sólo la combatividad proletaria (del proletariado explotado chino y del resto del mundo) puede variar el rumbo del proceso. En el aumento (muy significativo) de la conflictividad social en los últimos años (pese a la represión feroz de los “autoproclamados” comunistas) están depositadas nuestras esperanzas.
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