domingo, 30 de septiembre de 2007

LA POLÍTICA FISCAL QUE EL COMUNISMO SUPRIMIRÁ

Análisis de la política fiscal de Zapatero y Solbes
Diego Guerrero
Artículo aparecido en El Revolucionario el miércoles 6 de junio de 2007

En España ocurre lo que también sucede en los otros países capitalistas. Es decir, que la suma de lo que reciben los trabajadores a través de esa supuesta política social no es mayor sino igual a la suma que ellos pagan al Estado para financiarlo.
La clase asalariada tributa a Hacienda por el IRPF cuatro veces más en términos relativos, y sufre por consiguiente una presión fiscal cuatro veces mayor que el resto de la población


Me piden un artículo crítico sobre la política fiscal de Zapatero y Solbes, y lo primero que hay que decir es que se trata de la misma política fiscal de, por ejemplo, Aznar y Rato: es la política fiscal al servicio del capital.

El único punto de vista que tiene sentido cuando se analiza la política económica desde la perspectiva de los asalariados, y sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores asalariados conscientes que se ven a sí mismo como idénticos al proletariado explotado por el capital, es el análisis materialista de lo que sucede más allá o por debajo de las apariencias. La apariencia es que la política fiscal la hace el gobierno, como ocurre con el resto de la política económica y de la política pública en general. Pero la realidad es que el gobierno sólo hace y puede hacer lo que le deja el sistema en el que se inserta (más o menos gustosamente). En concreto: lo que es posible hacer dentro de la estructura económica social que todos los gobiernos, con el apoyo unánime de ese sector empresarial compuesto por los partidos políticos y demás unidades productivas del subsector electoral, aceptan desde el principio, por necesidad de su propia razón de ser, desde el momento en que entran voluntariamente y a manos llenas, en el juego de la “democracia de mercado” y, si son de izquierdas, se lanzan a vender la mercancía de la “necesidad de controlar el mercado con una política (por ejemplo, fiscal) dirigida por los poderes públicos y orientadas a lo social”.

¿Y qué es lo que es posible hacer dentro de ese contexto capitalista que ellos no cuestionan? Servir a los intereses del capital, contribuir a su reproducción, a la perpetuación de las relaciones de mercado y de capital, pero al mismo tiempo, y para colmo, transmitir la imagen de que se hace una política de izquierda, o al menos la (única) que es posible hacer, con el fin de contribuir a que los que sufren las consecuencias de las políticas del capital la sufran con el menor dolor posible por aquello de que la sarna con gusto no pica. Para eso, preferiríamos a la derecha, que al menos se declara de derechas.

Las pruebas de que esto es así son numerosas, pero nos conformaremos aquí con mencionar sólo tres. ¿Cómo se explica que el 80% de la recaudación total por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas provenga de las rentas salariales, y sólo el 20% de todas las demás rentas? Si se tiene en cuenta que los salarios equivalen a la mitad de la renta nacional, esto significa que la clase asalariada tributa a Hacienda por este concepto cuatro veces más en términos relativos, y sufre por consiguiente una presión fiscal cuatro veces mayor que el resto de la población. Se trata de un impuesto, el IRPF, absolutamente regresivo en realidad, a pesar de tantos supuestos críticos de izquierda, incluidos los que asesoran o simpatizan con los sindicatos (traidores) de clase, que prefieren creer que ese impuesto es progresivo porque así lo dicen la Constitución, los preámbulos y declaraciones de principios de las leyes y los medios de comunicación. Esto les ocurre por una de dos: o no entienden nada, y menos que nada el hecho de que lo que cuenta es la realidad de los hechos y no la beldad de las palabras; o bien lo entienden pero lo ocultan y lo maquillan porque en ello se juegan quizás la fortuna empresarial de sus empresas de izquierda (partidos, sindicatos, etc.).

Un segundo ejemplo de lo anterior se llama SICAV, es decir, las “Sociedades de Inversión de Capital Variable”. En realidad, estas empresas son usadas por las grandes fortunas porque gozan de la aséptica propiedad de estar sometidas a un régimen fiscal especial que les obliga a cotizar sólo el 1% de sus beneficios, en lugar del 35% que se carga en el régimen general del Impuesto de Sociedades. Pues bien, el gobierno “electo-socialista” actual ha creído necesario dotar a estas empresas de ventajas adicionales, de forma que desde mayo pasado las SICAV no sólo pueden negociar sus acciones en la Bolsa ordinaria, sino también en un Sistema Organizado de Negociación que les facilita un poco más las cosas, y además hacerlo mediante un “sistema de compraventa de acciones a valor liquidativo” similar al de los Fondos de inversión. ¿Qué explicación dan los autores de esta política fiscal para permitir que los patrimonios, las carteras de valores y las rentas de los grandes capitalistas, con el apoyo de sus ejércitos de abogados y de las redes de empresas instrumentales que se requieren para ello, se vean sometidos a una presión fiscal del 1%?

El tercer ejemplo que nos importa a los trabajadores es el de la fiscalidad que rodea a la llamada “política social”. Dejemos de lado que cuando se analiza la realidad y no las palabras, lo “social” resulta ser tan sólo el calificativo vergonzoso que usan en vez de “socialista” los que alguna vez se decían tales (y luego comprobaron que así no vendían). Los trompeteros de la fama del capital se presentan a sí mismos como los hacedores de una política “social” y un Estado “del bienestar” que conjuntamente regalaría al pueblo una especie de “salario social” adicional que el gobierno pondría así a disposición de los pobres y se sumaría a los salarios pagados por las empresas, todo un abundante flujo de pensiones de todo tipo, subsidios para los parados, becas para los jóvenes, atenciones varias a los jubilados y prestaciones médicas gratuitas para todos… Todo como si no supiéramos los que tenemos los ojos abiertos que todo eso lo estamos pagando con el dinero que previamente nos saca de nuestros bolsillos el gobierno gestor de los intereses generales del capital.

Los estudios serios –que se realizan, por supuesto, sin el apoyo financiero de ese mismo capital– demuestran que en España ocurre lo que también sucede en los otros países capitalistas. Es decir, que la suma de lo que reciben los trabajadores a través de esa supuesta política social no es mayor sino igual a la suma que ellos pagan al Estado para financiarlo. Habrá redistribución estatal de la renta desde otros puntos de vista (generacional, regional, etc.), no lo negamos; pero ni una mijita de redistribución a favor de la clase de los asalariados. Por consiguiente, esta política fiscal-social-capitalista sólo es una manera de dejar que las cosas sigan igual, que los efectos de las leyes del mercado vigentes, que no son sino las leyes de la explotación obrera por parte del capital, desplieguen su eficacia por el interior de todo el tejido social, pero lo hagan con mayor suavidad, adormecidos los oídos de quienes trabajan y votan con los cantos de sirena que salen de los instrumentos musicales de estos trompeteros de la patronal.

¿Hay entonces alguna alternativa? Por supuesto, como en todo. La alternativa comunista, comunal, comunitaria, igualitaria, dirigida a expropiar a nuestros expropiadores. Los trabajadores queremos que los medios de trabajo vuelvan a nosotros, queremos reapropiarnos de los medios de producción y queremos terminar con el capital. Terminar con el capital no es matar a los capitalistas, sino convertirlos, a fuerza de democracia y revolución, en trabajadores como los demás, acabar con sus privilegios. Pero ¿qué hacer mientras tanto?, preguntarán algunos. Pues bien, hagamos una reforma acorde con esos proyectos de revolución. ¿Por qué no imponer una presión fiscal del 100% de los beneficios y dejar sin gravar a quienes no viven del beneficio sino de otras rentas? (Bien “simplificado” que quedaría, por cierto, el sistema fiscal, como les gusta a todos los gobiernos, al parecer). Dirán: entonces todo el capital se iría a otros países. Pues bien: hagamos lo mismo en todos los países. Pero entonces, dirán, ningún capitalista querrá seguir siendo empresario privado ni invertir ni dar empleo a los trabajadores, y será finalmente la ruina de todos. Pues bien: que no lo hagan, que nos dejen a nosotros producir, invertir, trabajar, que nos devuelvan (a la fuerza, claro) lo que nos han quitado previamente, y que se pongan a trabajar.Esa es la única política fiscal alternativa. Lo demás son gaitas.

2 comentarios:

R.C. dijo...

Yo añadiría un pequeño detalle: el trabajador es el que soporta la mayor presión fiscal y el 80% de la recaudación proviene de la renta salarial. Pero yo iría más lejos, ya que el impuesto sobre el beneficio que paga el empresario, realmente no lo paga él: lo paga el obrero, lo ha rendido el obrero, aunque dicha plusvalía por la que se paga el impuesto se la apropie el empresario. Por lo tanto el impuesto que paga dicho empresario (al igual que la seguridad social) realmente lo paga el sudor obrero. Es lógico, el empresario es un parásito que vive del obrero. Es el obrero el que mantiene directa (mediante el impuesto sobre su renta) o indirectamente (mediante el impuesto de sociedades) el Estado burgués.
R.C.

Diego G. dijo...

Tu camarada tiene razón. Es más, no sólo el impuesto del capitalista sino toda su renta es el fruto de la explotación del obrero. Es una idea básica de Marx y yo he intentado aplicarla al estudio del caso español, como podréis ver en uno de los libros de mi página web(La explotación...). Por eso, cuando el problema es el carácter de mercancía que tiene la fuerza de trabajo en el capitalismo, y la solución terminar con eso, es puro reformismo preocuparse SÓLO de la mayor o menor progresividad de los impuestos sin plantear la cuestión de fondo.
Salud,
Diego G.