La Factura de la Luz

El sábado 12 de Julio, en el programa Informe Semanal, se emitió un reportaje sobre el reciente incremento de la factura de la luz y la situación energética en España.

Acorde con la organización tradicional de los reportajes de este programa, se trató el tema de forma somera, breve, pero introduciendo gran número de temas y dando la palabra a diversos portavoces de las partes implicadas.

No podemos olvidar que Informe Semanal, pese a las lógicas presiones y a los controles por parte del poder de sus contenidos (que se han hecho más y más evidentes a lo largo de los últimos años) sigue siendo uno de los muy escasos programas interesantes en las televisiones españolas. No tiene ni la profundidad, ni la crítica, ni la independencia de Documentos TV o Línea 900, lo que le ha posibilitado mantenerse en un horario privilegiado, y no sufrir los vaivenes horarios (normalmente encaminados a provocar la desaparición) que la dirección de RTVE ha producido en esos y otros programas. Pero sigue conservando gran parte del interés que antaño tuviese.Y muchos de los trabajadores que lo hacen siguen demostrando su profesionalidad e incluso a veces son capaces de burlar el intervencionismo de la “linea editorial” de RTVE. Lo que no es poco en los tiempos que corren.

Entrando ya en el contenido concreto del reportaje, quizás lo más destacable desde nuestra perspectiva fueron las siguientes cuestiones:

En primer lugar, las intervenciones del representante de los consumidores en los entes sobre energía del estado. Este señor puso de manifiesto algunos puntos que muestran la realidad del sector energético español, frente a lo que el gobierno de ZP nos cuenta. Dejó claro “nuestro representante” (el “oscurantismo” en las organizaciones de consumidores sigue siendo un grave problema en este país) que para comprender la factura de la luz y para decidir qué potencia contratamos poco más o menos tendríamos que hacer un master o algo así. Ya se sabe: cuanto menos sepamos, cuanto más “complejas” sean estas cuestiones, más fácil será engañarnos.

Pero, sobre todo, mostró cómo del coste total de la factura, más de la mitad se debe a impuestos y tasas destinadas al pago de políticas y acuerdos entre el gobierno y las todopoderosas empresas energéticas.

El IVA es el 16%, lo que implica que un bien de primera necesidad como es la energía eléctrica es tratado de la misma forma que otros bienes menos necesarios. Es un ejemplo más de cómo en España priman los impuestos indirectos sobre aquellos que gravan la desigual distribución de la riqueza. Porque, que sepamos, los ricos no tienen por qué usar más la lavadora o la cocina que los pobres. Curiosamente, no es lo habitual en todos los países de la UE (como justifica el gobierno). En Portugal se aplica a la energía eléctrica un IVA reducido del 4%, incluyendo así este producto tan necesario en la lista de aquellos que reciben un trato fiscal privilegiado precisamente por su carácter de producto básico.

También comentó este señor cómo se sigue pagando (aunque ya no aparece igual que antes en las facturas) la moratoria nuclear, ahora en forma de amortización del gasto de las empresas energéticas en este tipo de energía y sobre todo para compensar que no puedan hacer lo que quieren (y para lo que están desarrollando junto al gobierno una intensa campaña informativo-propagandística): llenar nuestras tierras de centrales nucleares, desoyendo los peligros desgraciadamente demostrados de esta energía y el mayoritario rechazo social que provoca.

También destinamos en torno a un 10% de nuestra factura al desarrollo de las energías renovables. En nuestra opinión, éste es el único gasto que podría estar plenamente justificado en la factura, pues es la única verdadera “inversión de futuro” que hacemos. Lo que no se entiende tanto es el alarde que hacen los gobernantes en relación con lo que “destinan” a las renovables, teniendo en cuenta que lo pagamos todos los contribuyentes y por una vía (los más injustos impuestos, los indirectos) que la mayoría desconoce. Además, lo que se está haciendo es que nosotros les costeemos las inversiones en renovables a las eléctricas, cuando bien podría organizarse el desarrollo de esas energías de otro modo, mucho más rentable socialmente.

El otro “tema estrella” del reportaje fue el mensaje (lanzado de forma explícita, implícita y subliminal) con el que se trata de justificar la subida actual y las que se nos vienen encima en los próximos meses y años (tanto de la electricidad como del gas,…): no pagamos lo que cuesta realmente producir la energía que consumimos. No vamos a entrar en la cuestión de que ciertos productos no tendrían que “medirse” de esa forma, en que es perfectamente lógico, comprensible (y se ha hecho y se hace actualmente) que ciertos productos no tengan “precio” o su precio no se calcule en función de sus costes “reales”. Tampoco entramos ahora en que hoy es perfectamente posible un mundo sin dinero. Nos tacharían, injusta y a-científicamente, de “utópicos”. Aunque el poder sabe que los que eso planteamos (que no sólo somos nosotros) tenemos razón.

Sencillamente, preguntamos: en ese coste real que no pagamos, ¿se incluyen los enormes beneficios de las empresas energéticas?

El discurso más repugnante, por ser fiel reflejo de la catadura del personaje, es en este sentido el del execrable y arribista ministro de industria de nuestro gobierno. Según ese señor, no sería lógico mantener la situación pues significaría que nos estaríamos “hipotecando” para un futuro. Habría que recomendarle a ese señor que dedique sus ingenierías financieras a sus amigos dueños de acciones de las eléctricas. Y que al menos tenga la desfachatez de no decir tantas pamplinas, porque cada vez que abre su boca es un insulto a la inteligencia.

Quizás lo peor de todo es lo que se percibe tras esta subida de la energía. No sólo pretenden convencernos “por las malas” de las virtudes de la nuclear y hacernos creer que somos unos despilfarradores y unos subsidiados (cuando quienes reciben miles de millones en subsidios que todos pagamos son precisamente las compañías eléctricas). También quieren hacernos tragar el modelo actual de desarrollo de las renovables.

Estas energías, que en principio podían ayudar a una transformación radical no sólo del modelo energético sino también del modelo económico y social, están siendo entregadas con la asquerosa complicidad del gobierno a las multinacionales del sector y a toda una serie de grandes inversores. Mientras aquellos que tratan de autoabastecer su consumo y actuar de una manera responsable con el medio ambiente no ven ninguna ayuda gubernamental seria, las grandes empresas ven cómo se les subvenciona por múltiples formas su acaparamiento y control de las nuevas energías. No sólo nos referimos a las multinacionales del sector: en el negocio de las renovables están entrando muchas grandes empresas.

No debe asombrarnos que un gobierno ¿socialista? obre de este modo: tienen sus antecedentes. Tanto el gobierno de Felipe González como la empresa Construcciones Aeronáuticas (CASA, antes de incorporarse a EADS) rechazaron una propuesta formal y muy bien documentada de la Sección Sindical de CGT para fabricar aerogeneradores en las factorías, como alternativa a los ERTE y EREs que a mediados de los 90 afectaban a los trabajadores al tiempo que como alternativa estratégica a la fabricación de aviones militares, "Pasaron" de la propuesta, pero, curiosamente, poco tiempo después GAMESA – Eólica (hasta esas fechas apenas un proyecto en fase experimental) facturaba un 30% más que su división aeronáutica. GAMESA, radicada en Euzkadi y propiedad del BBV, se convirtió en el fabricante “nacional” de aerogeneradores. ¿Favores al capital (representado en este caso por uno de los bancos más poderosos y principal lobby que apoyaba al PSOE, al tiempo que lo proveía de ministros y altos responsables económicos, como el todopoderoso Carlos Solchaga) y de paso complacía al PNV, matando dos pájaros de un tiro, mientras que despreciaba asegurar el futuro del sector público?

Es vergonzoso que las medidas aprobadas por el gobierno para las nuevas edificaciones o no se cumplan o sirvan para incrementar aún más los costes de las viviendas. Es lamentable que una energía tan abundante en nuestros lares como la solar se esté dejando en manos de grandes empresas a las que el medioambiente y las necesidades de los ciudadanos les importan bien poco. En lugar de eso, podría plantearse una política de apoyo a la producción controlada por los municipios. Eso descentralizaría esa producción y favorecería el autoabastecimiento, al menos en los medianos y pequeños municipios de la mitad sur peninsular, donde las horas de insolación anual lo permiten sobradamente.

Recordemos que el concepto de “rentabilidad” no sólo puede considerarse desde un punto de vista económico (y conste que las renovables sí son rentables). También podríamos hablar de “rentabilidad medioambiental”: en este caso la apuesta por las renovables tiene un sentido muy evidente. Pero ese sentido se hace mayor si se cumplen dos condiciones:

Que no se trate de un simple mecanismo para aumentar el consumo. Porque entonces no estaría sustituyendo a las energías no renovables y contaminantes, por lo que el problema seguiría ahí.

Que se consiga que producción y consumo se acerquen espacialmente lo más posible. No se trata sólo de construir grandes plantas productoras (que también son necesarias), sino de conseguir también el autoabastecimiento de energía en todos los lugares posibles. Eso evitaría pérdidas innecesarias de energía ya producida.

Pero, además, podemos hablar de “rentabilidad social”. Las energías renovables tienen la virtud de poder cambiar por completo el escenario energético mundial. Y con ese escenario estarían cambiando otras muchas cosas (incluidas las relaciones políticas y económicas internacionales). En cualquier caso, si alguien puede producir en su vivienda toda o gran parte de la energía que consume, lo que resulta evidente es que será mucho más autónomo respecto de las grandes multinacionales del sector energético. Si son poblaciones enteras las que son más o menos autosuficientes, esa autonomía se hace mayor, porque es colectiva, y más peligrosa para el sistema. Y en el caso de los países subdesarrollados, la rentabilidad social se hace aún más necesaria.

Imaginemos por un momento que un municipio mediano o pequeño, en lugar de costear los despilfarros a los que nos suelen tener acostumbrados (desde inútiles y cutres actos auto-propagandísticos hasta los mismos derivados de un consumo eléctrico derrochador), invirtiera recursos en la producción de renovables. Como mínimo, se ahorraría la factura de la luz de todo lo público (alumbrado,…). Incluso podríamos estar hablando de un ahorro en las facturas de los habitantes de ese municipio. Porque, recordemos, los habitantes del municipio son o deben ser los que gestionen, de un modo u otro, ese municipio. Los munícipes, alcaldes y concejales, aunque a veces lo parezca, no son los “dueños del pueblo”. Además, si estuviera en juego algo como el ahorro, ¿no se implicarían más los ciudadanos en las cuestiones de su municipio?

Hay otro aspecto en esa rentabilidad social. Los combustibles fósiles se agotan, al nivel de producción que se necesita hoy. Eso no tiene remedio y se sabe. Nuestro sistema económico está basado en ellos. La alternativa que se plantean hoy gobiernos y poderosos es la nuclear, que exige una aún mayor concentración de capitales, por lo que sólo las multinacionales podrían controlar el sector. Frente a esto, la producción de renovables sí es factible a pequeña escala, lo que ataca en su base a los monopolios y al poder derivado del control de algo tan necesario como es la energía.

Estamos hablando de un cambio radical en todos los aspectos. Y bastante sencillo de realizar desde un punto de vista técnico. Eso lo saben las multinacionales. Y lo saben nuestros gobernantes. Por eso creemos que se debería apostar por ese otro modelo descentralizado que se oriente al autoabastecimiento y que tenga como bases las “rentabilidades” sociales y medioambientales. En esa apuesta tienen mucho que decir las organizaciones y grupos ecologistas, así como las asociaciones ciudadanas en general.